El país se encuentra inmerso en una crisis política, social y económica sin precedentes. Los resultados de una política económica a todas luces errónea implementada a finales de los años ochentas, corregida y aumentada en los últimos dos sexenios que corresponden a la alternancia política en el país, la más fanática por cierto, han dejado al descubierto sus efectos negativos y su incapacidad para seguir adelante con el diseño de país que proponen.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su estudio 2008-2009 para América Latina y el Caribe, la tasa de crecimiento de la economía mexicana se redujo del 3.3% en 2007 al 1.3% en 2008, Relata el Estudio: “La economía enfrenta en 2009 un escenario muy adverso, más difícil que el de la recesión de 1995, cuando el producto cayó un 6,2%, pero pudo recuperarse con fuerza en menos de 12 meses debido al marcado repunte de las exportaciones. Esta opción hoy no existe porque la economía mundial sufre su peor crisis desde los años treinta del siglo pasado. El entorno se vuelve más adverso por la disminución de la inversión extranjera directa, las remesas, los precios del petróleo, el turismo y el acceso al financiamiento. El PIB real bajó un 1,6% en el cuarto trimestre de 2008 y se derrumbó un 8,2% en el primer trimestre de 2009.”
Para 2010 la realidad económica no distará mucho de la de 2009 según los estudios y predicciones de organismos especializados y del propio gobierno mexicano.
Ante esta perspectiva económica, México enfrenta un escenario adverso, que si se suma a la incapacidad para formular nuevas estrategias para fomentar el desarrollo, el tsunami del crimen organizado y la militarización del país, se puede evidenciar una catástrofe no solo en el terreno económico sino en el terreno social y político, es decir, nos estaríamos encaminando a la gestación de un probable estallido social o bien a un escenario de ingobernabilidad, lo que sería catastrófico para las instituciones formales del país y sus habitantes.
Ante este complejo escenario, la incapacidad del ejecutivo para innovar estrategias y la ignorancia para desempeñar la responsabilidad de conducir la política nacional, sin embargo, se abre en el horizonte la esperanza de reivindicar el rumbo de la nación a través de la reforma legislativa proveniente de la Cámara de Senadores y la entrante LXI Legislatura Federal.
La tarea principal de esta legislatura es preparar política y estructuralmente al país para propiciar los cambios necesarios para la instauración de una nueva vía mexicana para el desarrollo, que entre otras muchas cosas, tendrá que consistir en reorientar el actual modelo económico y transformar la actual forma de gobierno y su organización, y hecho lo anterior, optar por un modelo económico cuya filosofía sea la de una mejor distribución de la riqueza, el pleno empleo y la democracia con justicia social sin retroceder en rigor al esquema de Estado Benefactor pero conservando ciertos rasgos como la participación del Estado en la regularización y promoción de la inversión privada y pública, los amplios beneficios de protección social hoy erosionados y una recaudación fiscal equitativa.
Ante la difícil realidad que prevalece en el país, la entrante legislatura tiene una gran responsabilidad, la problemática está expuesta, las principales expresiones políticas, académicas y sociales se han manifestado, falta como principal ingrediente de esta compleja receta, la voluntad e inteligencia política, las fuerzas progresistas, democráticas y liberales tendrán que acometer para plantear el rescate nacional, se requiere refundar al país por la vía de la reforma política y establecer los cimientos para el siglo XXI, una nueva vía mexicana para el desarrollo nos espera.
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